Promulga México ley sobre refugiados

CIUDAD DE MEXICO — El Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la cual regula la condición de refugiado en el país y determina los mecanismos de protección y respeto a sus derechos.

La ley fue presentada en la Residencia Oficial de Los Pinos, con la presencia de Raúl Plascencia, Ombudsman nacional; Magdy Martínez Solimán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y Fernando Protti, representante de la Oficina para México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “México es un País abierto al mundo y debe seguirlo siendo, un País incluyente y solidario, que ha tenido siempre abiertas las puertas para quien necesita protección”, dijo Calderón.

El Mandatario recordó a los refugiados que llegaron a México a consecuencia de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras latinoamericanas o el terremoto de Haití.

Esta ley, dijo, fue elaborada tomando en cuenta la legislación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Acusan de fallas
en la medida
Durante el Foro de Opinión sobre Iniciativa de Ley de Migración, que se realiza en el Colegio de México, Perseo Quiroz, abogado de Sin Fronteras, aseguró que la ley establece una serie de derechos a los migrantes pero no incluye las garantías ni los mecanismos para que puedan ser efectivos.

“Si no ponemos esas garantías en la ley estos derechos se van a quedar en el plano declarativo”, apuntó.

La iniciativa señala que todos los migrantes retenidos en las estaciones migratorias tendrán derecho a un traductor, ejemplificó, pero hay muy poco personal en esas instalaciones que habla inglés y el proyecto no indica cómo se va a garantizar que cuenten con ellos.

El proyecto también dice que tendrán derecho a un abogado, añadió, pero tampoco precisa si el Instituto Nacional de Migración (INM) contará con los mismos o cómo se proveerán.

En tanto, Antonio Guevara, secretario de vinculación con organizaciones de la sociedad civil de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), destacó que el aseguramiento de los migrantes no tiene respaldo constitucional.

Detalló que la Constitución sólo reconoce que existen detenciones de tipo judicial, preventivas, por delitos cometidos en flagrancia, arraigo así como administrativas que no pueden durar más de 36 horas.

“El aseguramiento no se ajusta en ninguna de estas figuras, (...) estamos ante una figura ad hoc de excepción de violación de derechos reconocidos en la Constitución”, sostuvo.